Manifestación en el Día Internacional de la Mujer. © Pablo Blázquez Domínguez/Getty Images
La violencia de género es una violación de derechos humanos. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres mujeres en el mundo (30%) ha sufrido alguna vez en su vida violencia física y/o sexual de un compañero sentimental o violencia sexual de otro hombre sin esa relación. La mayor parte de las veces, el agresor es la pareja; casi un tercio (27%) de las mujeres de 15 a 49 años dicen haber sufrido este tipo de violencias por su pareja. Los hechos y cifras sobre las diferentes formas de violencia contra mujeres y niñas recopilados por ONU Mujeres completan ese retrato social espeluznante.
España no es ajena al problema, con más de 1.200 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003. De hecho, el registro oficial no recogía a otras víctimas que no mantenían una relación sentimental con su agresor, ni a las mujeres que sufrieron agresión sexual, ni a las que vieron destrozada su vida cuando sus parejas o exparejas asesinaron a sus hijas o hijos para causarles aún más daño... Desde 2013 se contabiliza el número de menores víctimas de la violencia machista (hasta enero 2023 han sido 49).
El déficit estadístico del número de mujeres asesinadas por hombres que no son parejas o exparejas ha quedado corregido a partir de 2019, cuando empezaron a contabilizarse todas las víctimas de violencia machista, independientemente de su relación con el agresor (47 mujeres han sido asesinadas desde el 1 de enero de 2022 hasta el 30 de junio de 2023). Así lo acordó el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género aprobado por el Congreso en 2017, que seguía las recomendaciones de 2011 del Convenio del Consejo de Europa sobre la Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer, conocido como Convenio de Estambul, que abogó por reconocer como violencia de género todo tipo de violencia ejercida contra las mujeres por el mero hecho de serlo.
En la violencia de género en España hay otras cifras ocultas. Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019 –cuya amplia muestra la convierte en uno de los retratos de situación más precisos–, el 11% de las mujeres de 16 y más años han sufrido a lo largo de su vida violencia física o sexual de sus parejas o exparejas. Ese porcentaje equivale a 2,2 millones de mujeres. Y la cifra llega al 24,4% (4,9 millones de mujeres) cuando los agresores incluyen además a otros hombres sin esa vinculación sentimental.
A su vez, están aumentando los casos de violencia de género hacia las adolescentes, sobre todo la violencia sexual, y cada vez, se producen a edades más tempranas. Así se recoge en el estudio de la Fundación Anar de 2023 “Evolución de la violencia contra las mujeres en la infancia y adolescencia en España”. Son situaciones de violencia que tienen una misma causa, la posición de poder del agresor respecto a su pareja a partir de crear una relación de dependencia afectiva. Además, hay un alto porcentaje de adolescentes que dicen no ser conscientes de la situación en la que se encuentran y no denuncian o no tienen intención de hacerlo.
La violencia vicaria es una forma de violencia contra la infancia que, además, usa el agresor para castigar a la mujer haciendo daño a sus hijos/as.
Amnistía Internacional lleva años denunciando la persistencia de múltiples obstáculos para la protección e identificación de las víctimas, y subrayando que no basta con la legislación. Hacen falta recursos humanos y materiales para poner en práctica y evaluar –con la participación de víctimas, familiares y expertas en género– las medidas legales, el funcionamiento de los juzgados especializados en violencia machista, la aplicación de los mecanismos de protección.
Hace falta formación a todos los niveles para prevenir el maltrato institucional de las víctimas en ámbitos policiales y judiciales. Y hace falta concienciación social, un objetivo fundamental en el que los medios de comunicación podrían jugar un papel clave.
“El 11% de las mujeres de 16 años o más (2,2 millones) han sufrido violencia física o sexual de sus parejas o exparejas. Y la cifra llega al 24,4% (4,9 millones) cuando los agresores son hombres sin esa vinculación sentimental.”
A pesar de la insistencia de las autoridades en la necesidad de que las víctimas presenten denuncia para poner en marcha los recursos de intervención, no todas las mujeres dan ese paso, aunque cada vez son más las que lo hacen. En 2022 un 35% de las víctimas había denunciado previamente, pero en los primeros años desde que hay estadísticas no se contabilizó ninguna denuncia previa (la serie comienza en 2003). En todo caso los datos confirman que quedan aún muchas barreras por superar.
De hecho, según un estudio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género realizado por la Fundación Igual a Igual, las víctimas de violencia machista tardan ocho años y ocho meses de media en expresar su situación, ya sea en los servicios de apoyo y asesoramiento jurídico, ya sea interponiendo denuncia contra su agresor. Las gotas que suelen colmar el vaso son sobre todo el grave daño psicológico (54%), el daño físico de la última agresión (41%) o el convencimiento de que sus hijos/as son ya conscientes de la violencia doméstica (30%).
Entre los motivos de la tardanza en denunciar –se podrían dar varias respuestas– ocupa un lugar destacado "el miedo a la reacción del agresor" (50%), mientras el 45% creían que podían resolver el problema solas y el 36% "no se reconocían como víctimas". Un 32% aseguró sentirse culpable y responsable de la situación, y un 29% dijo sentir pena por el agresor.
También son importantes las circunstancias personales, como la falta de recursos (el 64% dependían económicamente de su agresor cuando se inició el maltrato, y el 44% cuando pidieron ayuda), la edad (reaccionan antes las mujeres de menos de 35 años, y más tarde las mayores de 65), la maternidad o no (denuncian antes las que no tienen hijos) o el nivel de formación (tardan menos las mujeres con estudios universitarios).
Algunas respuestas ofrecen pistas claras para mejorar las estrategias contra la violencia machista y divulgar más y mejor los recursos de apoyo existentes y los procedimientos judiciales. Muchas víctimas tardaron más en denunciar porque pensaban "que no me podrían ayudar" (15%), porque no sabían "dónde ni cómo pedir ayuda" (21%) o por simple "miedo y desconocimiento al proceso judicial" (19%). Como ejemplo positivo para insistir en la concienciación social, el 27% decidió pedir ayuda gracias al "apoyo de una persona del entorno" que la animó a hacerlo.
Uno de los grandes retos pendientes es que las mujeres y su entorno socio familiar tengan confianza en la legislación y las medidas contra la violencia machista. Y para ello es clave demostrar su eficacia y que las denuncias sirvan para algo. De hecho, en el último año con estadísticas completas (2022) se presentaron 182.078 denuncias por violencia de género, el 71,6% por parte de las propias víctimas (solo el 1,8% por familiares). De las 57.059 sentencias dictadas, 44.191 (77,4%) fueron condenatorias. Además, se acordaron 47.279 órdenes de protección, casi el 70% de las solicitadas.
Un paso muy positivo para abordar una de las formas específicas de violencia machista, la violencia sexual, ha sido la aprobación, en mayo de 2022, de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la "Ley del sí es sí". Esta ley aborda de manera integral la violencia sexual incluyendo la prevención, atención y protección a las víctimas y pone en el centro el consentimiento, tal como recomienda el Convenio de Estambul. Además garantiza la asistencia integral especializada y accesible a través de la creación de Centros de Crisis disponibles durante las 24 horas del día para atender a las mujeres, niñas y niños que sufran este tipo de agresiones. También promueve dar una formación con enfoque de género a todas las partes implicadas que pueden estar en contacto con la víctima, policía, personal sanitario, forenses, personal de justicia. Se trata de hacer frente a los estereotipos y prejuicios de género cuando las mujeres deciden denunciar la agresión.
“Un paso muy positivo ha sido la aprobación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la "Ley del sí es sí", ue incluye la prevención, atención y protección a las víctimas y pone en el centro el consentimiento”
Amnistía Internacional ha recordado y sigue recordando a las autoridades españolas que legislar por sí sólo no basta. Ninguna ley o normativa será suficiente si no va acompañada de un verdadero compromiso de las autoridades para ponerla en práctica. Para ello, el Gobierno español debe comprometerse a:
